jueves, 8 de octubre de 2009

El Martes 6 se realizó el Foro Propuesto por el CISPREN BELL VILLE

El martes se realizó en el salón municipal de actos Walter de Navazio un "Foro sobre la nueva Ley de Medios" para abordar "los mitos y verdades de la nueva legislación sobre comunicación audiovisual", según el título de la convocatoria efectuada por el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren), que organizó este evento del cual participaron el Secretario General del Cispren, Guido Dreizik, y el Presidente de la Cooperativa de Emprendimientos Múltiples Sudecor Litoral, Juan Carlos Forgione. Cabe destacar que al término de la exposición de ambos panelistas se concretó un interesante debate, con mucho intercambio de ideas entre el público y los disertantes, teniendo lugar inclusive algunos contrapuntos que, vale reconocerlo, sucedieron en un marco de respeto y genuino ánimo de aporte a la discusión sobre la nueva legislación audiovisual.
En su exposición, Forgione fue categórico al señalar que "durante estos días los grupos que monopolizan el mercado de las comunicaciones en Argentina han salido al cruce de la nueva ley de medios audiviosuales instalando ejes falsos para su discusión, con el propósito de no revelar el verdadero interés que estas corporaciones tienen, que se relaciona con la pérdida de gran parte del mercado que ahora monopolizan". En este marco, el presidente de la Cooperativa Sudecor Litoral dió el ejemplo del Grupo Clarín, demostrando a través de la proyección de una síntesis de la Memoria y Balance de este holding empresario correspondiente al año 2008 que "el padrón nacional de abonados de TV paga -del Grupo Clarín- alcanzó los 6,7 millones de usuarios, de los cuales 5,9 millones corresponden al cable, logrando preservar su tasa de crecimiento. El resto de abonados hasta sumar los 6,7 millones pertenecen a Direct TV".
Por otra parte, "las ventas netas consolidadas (del Grupo Clarín) se expandieron en el año un 30,9%, pasando de $4.383 millones a $5.737 millones, impulsadas en lo fundamental por el incremento en ventas de abonos (de televisión por cable) y publicidad. Si hacemos una suma rápida, a los 80 pesos por hogar que se cobra el cable los multiplicamos por los casi 6 millones de abonados, y a su vez ése resultado lo multiplicamos por los 12 meses del año, nos dá la cifra de 5 mil millones de pesos al año de ingresos solamente por el abono al cable. En Argentina, este negocio de la televisión por cable lo manejan dos empresas, el Grupo Clarín y el Grupo Uno, en un 90 por ciento. Además, quiero agregar que para entender la magnitud de este negocio podríamos hacer una comparación de la facturación anual del negocio de la TV por cable, con el presupuesto anual de gastos y recursos de la Provincia de Córdoba, que es una de las más importantes del país. Por ejemplo, en nuestra provincia para el 2008 se estimaron egresos por 7.800 millones de pesos, un poquito más que lo que facturan las empresas de cable, con una diferencia importante, y es que con ésos recursos provinciales hay que pagar a todos los maestros, la policía, los hospitales, y todos los servicios públicos", destacó Forgione.
El titular de la Cooperativa Sudecor agregó otro dato contundente al afirmar que "de las ventas totales del Grupo Clarín en 2008, el segmento de la Televisión por cable y acceso a Internet se consolidó como el principal motor de ingresos del Grupo, con $3.417,5 millones, considerando ventas intersegmento. Por contrapartida, nuestra provincia obtuvo ingresos 2.688 millones de pesos, o sea menos de lo que le ingresa al Grupo Clarín sólo por la televisión por cable. Es más, si comparamos estos montos con el fondo que recibe la provincia a través de la Ley de Financiamiento Educativo, por 310 millones de pesos, aparece fácilmente qué es lo que verdaderamente molesta a los grandes grupos del negocio de la comunicación cuando se debate la nueva Ley de Medios Audiovisuales".
Finalmente, Forgione indicó que la legislación que se promueve desde la Presidencia de la Nación en materia de comunicación audiovisual resulta imprescindible para que las cooperativas, mutuales y entidades del tercer sector tengan una oportunidad de ingresar en el mercado de las comunicaciones, que actualmente está restringido debido a la vigencia del decreto ley de la última dictadura Militar, que impide que estas asociaciones cuenten con medios de comunicación propios. "Como cooperativa, nosotros podemos hacer muchas gestiones, pero tenemos un límite, y es que no podemos ir en contra de la ley. Es cierto que hay algunas cooperativas que dan el servicio de televisión por cable, pero en realidad lo hacen a través de la creación de sociedades anónimas que operan utilizando la infraestructura de las cooperativas. Y en el caso de Bell Ville, en donde tenemos toda la ciudad posteada y podríamos tranquilamente prestar este servicio, no lo podemos hacer porque la ley lo impide al existir otro servicio, el de Multicanal, que tiene garantizado su monopolio en la ciudad a través de la legislación vigente.
"También podríamos hacer como otras cooperativas, que reclamaron a un juez la incosntitucionalidad de semejante norma restrictiva, consiguiendo inclusive el apoyo judicial. pero por más que obtengamos el visto bueno de la justicia, caemos igualmente a Multicanal, ya que tiene el monopolio de los contenidos y los tenemos que comprar justamente a Clarín según la ley vigente. Es más, también podemos reclamar en Defensa de la Competencia, y que desde esta repartición lo obliguemos a Clarín a que nos venda señales, con lo cual no podemos escapar a que terminemos distribuyendo sus mismsas señales, como Metro, Magazine o TN", explicó Forgione.
El disertante indicó que "cuando uno expone todos estos antecedentes en el marco de las discusiones de la nueva ley de medios, descubrimos que los que monopolizan el negocio de las comunicaciones están mintiendo al pretender instalar cuestiones como la suspensión de la libertad de expresión o que no se vá a escuchar o ver más determinados medios. Estas son falacias destinadas a ocultar lo que verdaderamente les molesta, en una clara política del tero, poniendo los huevos en un lado y gritando en otro. El problema de estos grupos multimedia es que no quieren perder el negocio del cable y de hecho, si hicieran una negociación para anular las cláusulas de la nueva ley, en donde dice que tienen que vender parte de la participación del cable, nadie discutiría más nada de la nueva ley", argumentó Forgione, añadiendo que "el análisis de la nueva ley no debe enfocarse necesariamente en describir artículo por artículo, porque es evidente que el meollo de la cuestión es el dinero, porque con esta nueva ley el grupo Clarín solamente se puede quedar con el 35% de ésos $5.730 millones, o sea se quedan con $2.000 millones y pierden $3.700 millones que, de aprobarse la nueva ley, los van a poder manejar otros actores económicos, como las cooperativas y otras empresas".
Por último, Forgione señaló que "algunos parlanchines, que se llenan la boca con la palabra 'federalismo' últimamente, nada dicen sobre la cantidad de dinero que se lleva Multicanal de Bell Ville por año. Es fácil la cuenta: multipliquemos la cantidad de abonados por 12 meses, y nos dá 6 millones de pesos. Si descontamos los sueldos de los empleados de Multicanal en nuestra ciudad, excluyendo a Canal 2, que no sumarán más de 100 mil pesos por mes, podemos descontar un millón por año. Es extraño, entonces, que nadie hable de ésos 5 millones de pesos que anualmente se lleva Multicanal de Bell Ville. Por eso es que al escuchar tantas excusas reclamando la postergación del tratamiento de la nueva ley, estoy seguro que de los nervios a alguien de ésa gente se le vá a salir la cadena y vá a decir algo que piensa pero todavía no dice, y es que 'con los militares estábamos mejor'. En el fondo, creo que ésa gente es lo que verdaderamente piensa".
Por su parte, el Secretario General del Cispren, Guido Dreizik, indicó que "los medios de comunicación nos instalan diariamente un escenario inamovible, en donde nuestro pensamiento siempre pierde. De esta manera, nuestras ideas, nuestras críticas y nuestra visión pierden sistemáticamente, hasta acostumbrarnos a perder en ése escenario que los medios nos instalan. Lo que vemos esta noche es la posibilidad de descubrir que, ante la nueva ley de medios audiovisuales, nos intentan instalar otro escenario, el de la discusión sobre la libertad de expresión o los medios que no se van a ver más, para ocultar el verdadero escenario, que es el de la pérdida de renta que pueden atravesar los grupos mediáticos argentinos.
"Nos instan desde los medios a que discutamos la nueva ley a partir de que supuestamente es una ley mordaza, o si es o no es una Ley K, pero en el fondo no quieren discutir los propios intereses de los grupos mediáticos. Esto se debe a que los grupos económicos tenían previsto dos escenarios, uno era que la ley saliera como ingresó al Congreso, con la posibilidad de que las empresas telefónicas intervengan en el negocio de las comunicaciones. El otro escenario era que la ley no saliera. Pero ésos dos escenarios se cayeron y el resultado de esta situación es una ley que, en términos generales, recoge los 21 puntos elaborados por la Coalición para una Radiodifusión de la Democracia de la cual formamos parte desde el año 2004. Por ejemplo, consideramos que una norma como la que se está discutiendo debe ser aplicada por una autoridad de aplicación que reemplace al Comfer, conformada por lo menos por 24 a 30 miembros, quienes tendrán a su cargo nada menos que otorgar la utlización de frecuencias a una radio. No obstante, se terminó aprobando la integración de la autoridad de aplicación por solamente 7 miembros, lo cual para nosotros es mucho mejor que solamemente un interventor del Comfer, como existe hoy. Seguramente 7 personas pueden cometer más errores que 30, pero 7 es un número muy importante.
"Por otra parte, queda claro que cuando salga a la nueva ley le van a faltar muchas cosas, pero es una legislación mucho más avanzada que la legislación que heredamos de la Dictadura. Además, en el caso de los grupos económicos a los cuales se refirió Forgione (ver aparte) vienen acompañando al régimen legal vigente porque es con el que se han enriquecido. De hecho, el Grupo Clarín recibió con un brindis a la Dictadura para luego adquirir Papel Prensa, con el cual monopoliza el mercado argentino de diarios y revistas. Y en cuanto a las advertencias sobre la pérdida de trabajo en los medios, es fácil responder que éso es dudoso a partir de que la nueva ley permite la apertura de nuevas empresas de comunicación, e inclusive introduce una cláusula que determina la obligación de generar producción local, y éso significa más trabajo para los periodistas", indicó Dreizik.
Finalmente, el titular del Cispren señaló que "la nueva ley abre la posibilidad de construir nuevos discursos y nuevas verdades. Eso lo estamos viendo ahora, con la organización de nuevos grupos que están armando sus productos periodísticos y producciones propias, y esto nos permite pensar que se viene un tiempo más participativo con una mayor variedad de expresiones. Y en cuanto a la libertad de expresión que los multimedios ven amenazada con la ley, siempre sostuvimos que en Argentina sólo hay libertad de empresa y no libertad de expresión hoy. Son precisamente estos grupos mediáticos favorecidos por la ley de la última dictadura, los que establecen diariamente el escenario en donde está predeterminado cuáles son los discursos que deben ganar y que deben perder.
"Esto es así porque las empresas periodísticas son en realidad empresas ideológicas encargadas de instalar escenarios, en los cuales el discurso de los trabajadores pierde. Por eso, ante una ley que brinda nuevas perspectivas, en ése escenario no sería extraño que se prepare una situación de gravedad institucional para la Argentina. Dependerá de nosotros si somos capaces de disputar ése escenario, siguiendo la aplicación de la nueva norma y midiendo las consecuencias del recorte de la escala de negocios que venían teniendo estos grupos mediáticos. En ése marco, no cabe duda que en el secenario que viene estos mismos grupos van a querer levantar el nivel de conflictividad social para desligimtimar la autoridad del gobierno nacional para la aplicación de la nueva ley", consideró Dreizik.

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